El documento constituye el marco nacional para orientar las políticas públicas en materia de envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, promoviendo la autonomía, la participación, la igualdad y la no discriminación.
Su elaboración incorporó un amplio proceso participativo con personas mayores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de todo el país, a través de mesas de diálogo e instancias de intercambio que permitieron recoger necesidades, propuestas y prioridades territoriales para orientar las acciones del Estado durante el período 2026–2030.
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